La nueva geopolítica: los países ya no pelean solo por territorio, pelean por datos - Región Digital

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jueves, 14 de mayo de 2026

La nueva geopolítica: los países ya no pelean solo por territorio, pelean por datos



Durante buena parte del siglo XX, el poder de una nación se medía por su territorio, sus recursos naturales, su capacidad militar, sus rutas comerciales y su influencia diplomática. Hoy, esos factores siguen siendo relevantes, pero ya no explican por sí solos la competencia global. En el siglo XXI, los países también disputan datos, chips, cables submarinos, inteligencia artificial, infraestructura digital y control de plataformas tecnológicas.

La geopolítica dejó de librarse únicamente en fronteras físicas. Ahora ocurre en centros de datos, fábricas de semiconductores, redes 5G, satélites, sistemas de nube, algoritmos de recomendación y cables submarinos por donde circula buena parte del tráfico mundial de internet. El informe Geopolítica de la tecnología: actores, procesos y dinámicas, publicado por Oxfam Intermón y el Ajuntament de Barcelona, plantea que la digitalización está reconfigurando el orden mundial, desde la explotación de recursos hasta las cadenas de suministro y las alianzas estratégicas entre países.

En esta nueva disputa, los datos se han convertido en un recurso estratégico. No son petróleo en sentido literal, pero cumplen una función similar dentro de la economía digital: alimentan modelos de inteligencia artificial, permiten perfilar consumidores, anticipar comportamientos, controlar flujos de información y diseñar servicios públicos o privados. Quien controla grandes volúmenes de datos no solo obtiene ventaja comercial; también adquiere capacidad de influencia política, social y económica.

La infraestructura que sostiene esa economía digital es menos visible que un puerto, una mina o una carretera, pero puede ser igual de decisiva. Los cables submarinos, por ejemplo, conectan continentes y permiten el funcionamiento cotidiano de internet, las finanzas, el comercio electrónico y la comunicación global. Oxfam Intermón advierte que estas infraestructuras son críticas para el tráfico global de internet y enfrentan amenazas en zonas internacionales alejadas del control territorial de los Estados.

La competencia tecnológica también se expresa en la llamada guerra de los chips. Los semiconductores son piezas esenciales para teléfonos, automóviles, sistemas militares, inteligencia artificial, centros de datos y equipos industriales. Sin chips avanzados no hay IA de frontera, ni supercomputación, ni autonomía tecnológica. La OCDE señala que los circuitos integrados son fundamentales para la inteligencia artificial y forman parte de una cadena de suministro estratégica que incluye centros de datos, energía, infraestructura de cómputo y componentes especializados.

Por eso, la disputa entre Estados Unidos y China no puede entenderse solo como una rivalidad comercial. Es una competencia por definir quién controla las tecnologías que sostendrán la economía, la defensa, la industria y la vigilancia del futuro. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha advertido que la competencia en diseño de chips entre ambos países no se limita a la tecnología de semiconductores, sino que está vinculada con el liderazgo industrial global y con las aplicaciones que marcarán las próximas décadas.

El poder digital también depende de las plataformas. Empresas tecnológicas privadas administran redes sociales, sistemas de nube, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones, servicios de mensajería e infraestructura crítica. Su papel ya no es únicamente empresarial: pueden incidir en conflictos, elecciones, debates públicos, acceso a información y comunicaciones en situaciones de crisis. El informe de Oxfam Intermón señala que grandes tecnológicas como las estadounidenses y chinas tienen un peso cada vez más relevante y decisivo en las dinámicas internacionales.

Esta concentración plantea una pregunta incómoda: ¿puede un Estado ser plenamente soberano si depende de empresas extranjeras para almacenar datos, operar servicios públicos, proteger infraestructura crítica o comunicarse durante una emergencia? La pandemia y la guerra en Ucrania aceleraron esta discusión. Oxfam Intermón documenta que estos episodios llevaron a muchos países a replantear su dependencia tecnológica y a buscar mayor autonomía estratégica nacional o regional.

La soberanía digital se ha convertido en una prioridad. Para algunos gobiernos significa proteger datos personales, construir infraestructura propia, diversificar proveedores y reducir dependencias críticas. Para otros, puede convertirse en un argumento para controlar internet, censurar contenidos o vigilar a la población. Ahí aparece uno de los dilemas centrales de esta nueva geopolítica: la tecnología puede fortalecer derechos democráticos, pero también puede ampliar capacidades de control estatal.

El informe de Oxfam Intermón advierte que la llamada “soberanía cibernética”, impulsada especialmente por China, defiende la idea de que los gobiernos ejerzan control sobre la información y los datos dentro de sus fronteras. Ese modelo puede incluir censura, restricciones de acceso, vigilancia tecnológica y control de contenidos.

La disputa por internet ya no es solo técnica, sino política. Mientras algunas democracias defienden una red abierta, interoperable y basada en derechos, otros gobiernos promueven modelos de internet más cerrados, fragmentados y controlados desde el Estado. Oxfam Intermón sostiene que no existe una institución internacional equivalente a la OMC o al FMI para regular de forma integral la gobernanza digital, lo que facilita la creación de “tecnoesferas” con reglas distintas y tensiones crecientes.

La inteligencia artificial profundiza esta competencia. Los países que concentren datos, talento, chips, energía barata, centros de cómputo e infraestructura de nube tendrán ventaja para desarrollar sistemas más potentes. La OCDE ha subrayado que los sistemas de cómputo para IA deberán ser resilientes, seguros, sostenibles y compatibles con estrategias de soberanía nacional a largo plazo.

La economía digital también reproduce desigualdades. La UNCTAD advierte que la digitalización requiere políticas más inclusivas y sostenibles, especialmente porque sus beneficios y costos no se distribuyen de manera equitativa entre países, empresas y poblaciones. Esto significa que la geopolítica tecnológica no solo enfrenta a grandes potencias; también puede profundizar la dependencia de regiones que consumen tecnología, pero no la producen ni controlan.

América Latina enfrenta este reto con especial urgencia. La región genera datos, consume plataformas, adopta inteligencia artificial y depende de infraestructura tecnológica extranjera, pero todavía tiene capacidades limitadas en fabricación de chips, nube soberana, investigación avanzada y regulación digital coordinada. En este escenario, la pregunta no es únicamente cómo usar tecnología, sino cómo evitar que la dependencia tecnológica se convierta en dependencia política, económica y cultural.

La nueva geopolítica no elimina las disputas tradicionales; las transforma. El territorio sigue importando, pero ahora también importa quién controla los flujos de información. Los recursos naturales siguen siendo estratégicos, pero ahora se suman minerales críticos, litio, tierras raras y cadenas de suministro tecnológico. El poder militar sigue pesando, pero cada vez depende más de satélites, sensores, sistemas autónomos, ciberseguridad, IA y semiconductores.

Por eso, hablar de datos es hablar de poder. Quien controla los datos puede entrenar mejores algoritmos, anticipar tendencias, influir en mercados, fortalecer sistemas de vigilancia, personalizar propaganda, diseñar políticas públicas y construir ventajas competitivas. La disputa global ya no se reduce a conquistar espacios físicos. Ahora también se trata de controlar la infraestructura invisible que organiza la vida cotidiana.

La nueva geopolítica tecnológica apenas está tomando forma. Sus conflictos ya aparecen en la rivalidad entre China y Estados Unidos, en la carrera por los chips, en la regulación de plataformas, en la soberanía digital europea, en el control de cables submarinos, en la vigilancia masiva y en la dependencia de países que usan tecnologías que no gobiernan. En el fondo, el dilema es claro: el futuro del poder global se decidirá tanto en los mapas como en los servidores.

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