La deuda no solo crece: también estrecha el margen político del Estado

La deuda del gobierno mexicano ya rebasó un umbral simbólico y material: según el Fondo Monetario Internacional, cerró 2025 en 61.8% del PIB y seguirá aumentando hasta colocarse por arriba de 63% hacia 2031. Para El Economista, esta es la primera vez en más de dos décadas que las obligaciones públicas rompen el techo de los 60 puntos del producto. Más que una cifra técnica, el dato marca un cambio en la forma en que deberá pensarse la capacidad del Estado para gastar, invertir y sostener su narrativa de estabilidad.

El punto es relevante porque la métrica usada por el FMI no se limita a la deuda tradicional del gobierno federal. Incluye también obligaciones del gobierno central, fondos de seguridad social, empresas públicas, bancos de desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y la Corporación Nacional de Seguros y Fianzas; es decir, una medición de deuda “bruta” que ensancha el perímetro real de los compromisos públicos. Esto cambia el encuadre del debate: no se trata solo de cuánto debe Hacienda, sino de cuánto arrastra el conjunto del aparato estatal.

La comparación internacional también resulta incómoda. El propio reporte citado por El Economista señala que ese nivel de deuda mexicana supera el promedio de 57.5% del PIB observado en economías emergentes, excluyendo a China. En términos de discurso económico, esto debilita cualquier relato triunfalista que intente presentar la situación fiscal como plenamente contenida. México puede seguir siendo funcionalmente financiable, pero ya no opera desde una zona tan cómoda como la que durante años le permitió vender prudencia macroeconómica como marca de legitimidad.

El problema no es únicamente el saldo, sino la trayectoria. El FMI proyecta para 2026 un déficit fiscal de 4.4% del PIB, por encima de la meta de 4.1% contemplada por Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica 2026. También estima que la consolidación fiscal llegará de forma más lenta que la narrada por el gobierno: el déficit bajaría a 3.5% en 2027 y luego se estabilizaría cerca de 3% del PIB. La tensión, entonces, no es solo contable. Es una disputa entre dos ritmos de realidad: el del optimismo oficial y el de la prudencia multilateral.

Hay un elemento especialmente sensible en la lectura del Fondo: los pasivos contingentes de las empresas estatales aparecen como el riesgo más citado por su personal al revisar la situación fiscal de economías emergentes, con 68% de las respuestas. La observación importa porque desplaza el foco hacia las zonas donde la deuda no siempre se ve de inmediato, pero puede materializarse como presión futura sobre las finanzas públicas. El poder del Estado no solo depende de lo que gasta hoy, sino de lo que podría verse obligado a rescatar mañana.

Aun así, el panorama no es linealmente catastrófico. El mismo informe destaca a México, Turquía e India como tres economías emergentes que lograron mejorar sus finanzas públicas en un año gracias a la moderación del gasto primario. Esa precisión es importante porque evita una lectura simplista: el problema no es que no exista esfuerzo de ajuste, sino que ese esfuerzo parece insuficiente para contener con rapidez un nivel de deuda que ya cambió de escala. En otras palabras, sí hay disciplina, pero no alcanza para borrar la presión estructural.

Desde una lectura de poder y comunicación, lo relevante es que la deuda redefine los márgenes de maniobra del gobierno. Un Estado más endeudado conserva capacidad de acción, pero actúa con menos libertad: cada promesa de gasto social, inversión o rescate productivo debe negociar con el costo financiero, con la reacción de los mercados y con la vigilancia de organismos internacionales. A eso se suma el contexto descrito por el FMI: desde mediados de febrero de 2026, los diferenciales se han ampliado “considerablemente”, sobre todo para emisores con calificaciones más bajas, en un entorno de endurecimiento financiero y fortalecimiento del dólar. La política económica deja de ser solo un proyecto ideológico y se vuelve también administración de vulnerabilidades.

La pregunta de fondo no es si México está “quebrado”, porque la nota no sostiene eso, sino qué tipo de Estado puede construirse con una deuda más alta, un ajuste más gradual y riesgos contingentes todavía abiertos. La deuda pública siempre es también una narrativa sobre el futuro: cuánto se puede prometer, cuánto se puede sostener y cuánto se está dispuesto a hipotecar para conservar gobernabilidad. En ese sentido, el dato del FMI no solo mide pasivos; mide también la distancia entre el discurso de fortaleza y los límites materiales del poder fiscal mexicano.

Fuente: Yolanda Morales, “Deuda del gobierno mexicano quedará arriba del 60% del PIB de aquí al 2031: FMI”, El Economista, 15 de abril de 2026.