En medio de la peor crisis hídrica que se tenga memoria en Morelia, el entonces presidente municipal y actual candidato, Alfonso Martínez Alcázar, se aprovechó de la desesperación de sus gobernados para realizar un negocio multimillonario. En 2023, Martínez entregó, mediante adjudicación directa, un contrato de 24 millones de pesos para el abastecimiento de pipas de agua a la empresa Grupo Acero SA de CV, conocida por sus prácticas corruptas en San Luis Potosí y la zona metropolitana de Monterrey.
Esta empresa, parte de la llamada "mafia del agua", se caracteriza por simular la entrega de agua a cambio de pagos exorbitantes. Según el contrato disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el suministro de agua a colonias vulnerables debía realizarse a través de 10 pipas, cada una con un máximo de cuatro a siete viajes diarios. Sin embargo, se descubrió que estos viajes eran en gran medida simulados, lo que permitió a la empresa cobrar por servicios no prestados.
La administración de Alfonso Martínez, en lugar de resolver la crisis hídrica, optó por lucrar con ella, dejando a miles de morelianos sin acceso al agua potable mientras desviaba recursos públicos a una empresa cuestionada. Las consecuencias de esta decisión han sido devastadoras para la población de Morelia, que ha enfrentado dificultades extremas para acceder a un recurso tan vital como el agua, exacerbando las ya graves condiciones de vida en las zonas más vulnerables.
La adjudicación directa del contrato a Grupo Acero SA de CV sin un proceso de licitación transparente ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la integridad y las verdaderas intenciones del entonces presidente municipal. Los morelianos han denunciado que, lejos de aliviar la crisis, esta acción ha profundizado la desconfianza hacia las autoridades locales, quienes parecen más interesadas en beneficiar a sus aliados comerciales que en resolver las necesidades urgentes de la ciudadanía.
El escándalo no solo ha puesto en tela de juicio la ética de Alfonso Martínez Alcázar, sino que también ha suscitado un debate sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas en momentos de emergencia. Organizaciones civiles y activistas han exigido una investigación exhaustiva sobre el manejo de los fondos y la ejecución del contrato, señalando que el desvío de recursos y la corrupción deben ser combatidos con firmeza para garantizar que los servicios esenciales lleguen a quienes más los necesitan.
Este episodio se ha convertido en un punto central en la campaña electoral de Martínez Alcázar, quien busca nuevamente la confianza de los votantes en Morelia. Sin embargo, el recuerdo de la crisis hídrica y la percepción de un manejo corrupto de la misma continúan siendo un obstáculo significativo para sus aspiraciones políticas. Los ciudadanos, conscientes de la importancia de una gestión honesta y eficiente, enfrentan ahora la disyuntiva de otorgar su voto a un candidato cuya administración pasada ha sido marcada por la controversia y el descontento social.
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